El CAC(A) o mi brillante e imaginativa forma de titular los threads
La verdad es que no tenía intención de hablar del engendro, básicamente porque estaba intentando que la Generalitat, vían San, me otorgase una subvención para este espacio. Visto el resultado, qué les den por saco, hágase el deseo de Sergio.
Fusilo:
Fusilo:
El CAC y los "peligrosos límites" de la libertad de expresión
Daniel Vicente (www.noticias.com)
Está claro que la corrección política conviene sólo a quien detenta el gobierno, en especial si no ha accedido a él con actitudes tan ecuánimes.
A nadie se le escapa que desde muy variadas y muy elevadas instancias se ha procurado crear de un tiempo a esta parte, día sí y día también, el clima de enrarecimiento que mejor propiciaría dar el cerrojazo a la COPE mediante la no concesión de la licencia catalana (algo que ya intentó Pujol y que recientemente el Supremo ha venido a frustrar). A nadie se le escapa que para ello se ha personalizado en la figura de FJL toda la aversión política que esta emisora provoca en sectores socialistas y nacionalistas, en la actualidad casi sinónimos. A nadie se le escapa, en fin, que el CAC es una amenaza para la COPE, pero no lo es ni para el Avui ni para columnistas de la calaña del fallecido Haro Tecglen, auténtico analfabeto y taimado maestro del odio. A éste escuché que, gracias a los votos del PSOE y de otros partidos, le van a dedicar una placa en el callejero madrileño junto con Capmany.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de máximo nivel protegido por la Constitución Española; y si bien el derecho al honor también lo es, éste se regula penalmente mediante los tipos de injurias y calumnias. No necesita, en aras del equilibrio jurídico, una sobrerregulación en detrimento de uno de los pilares de la democracia como es la libertad de opinión y de prensa. Es más, los mencionados delitos contra el honor ni siquiera se persiguen de oficio, sino a instancia de parte interesada, salvo que -y esta es una incorporación muy reciente sean funcionarios públicos o autoridades los afectados por él en razón de actuaciones "concernientes al ejercicio de sus cargos" (art. 215 CP). A este respecto huelga decir que si determinado ministro, de uno u otro partido, comete una irregularidad al pedir un crédito y amañar ulteriormente su condonación valiéndose de las influencias, no lo hace en virtud del ejercicio de su función debida, sino aprovechándose de ella y pasando por encima suyo. Aquí no hay honor que valga, excepto el honor -si tal existe- de la cosa pública y el de la igualdad de oportunidades, vilmente pisoteados.
Los medios de comunicación tienen la función social de cuestionar el empleo del poder por parte de las instituciones, de crear opinión y de canalizar la ya existente. Si prescinden de este papel que los define como cuarto poder y pasan a fusionarse "de facto" con el poder público y orgánico, se pervierten, confundiéndose la función del periodista con la del político. En los regímenes no dictatoriales el periodista obedece a un interés privado legítimo y concurre al bien común de la diversidad de opiniones, mientras que el político representa sólo la de su signo, pudiéndosele expulsar si la contraviene anteponiendo su interés o visión particular a la que cabría esperar de su función representativa. El contraste de pareceres, aunque sean notablemente tendenciosos, es más saludable para la democracia que su armonización exógena y programática por medio de instancias superiores. Está claro que la corrección política conviene sólo a quien detenta el gobierno, en especial si no ha accedido a él con actitudes tan ecuánimes.
Por último, la separación de opiniones y hechos es procedente cuando se quiere evitar el falseamiento de éstos por aquéllas, es decir, la pura y simple mentira, el engaño indiscriminado e indubitable. Pero es ridículo que en un ámbito relativista militante como el de los medios de masas (cuyos ideólogos, con tal de justificar la manipulación y el partidismo permanentes, niegan que la objetividad sea posible) haya surgido esta imperiosa preocupación por la verdad de los otros. Al redactor de prestigio o al líder de audiencia no se les paga por ser neutrales a ultranza (y hay muchas formas asépticas de burlar la neutralidad). Si todos los periodistas lo fueran, todos los periódicos serían redundantes y fracasarían en su misión de expresar el pluralismo social. Al político y al funcionario, en cambio, se les puede y se les debe exigir la neutralidad más estricta en materias que afecten al interés general, pues no en vano son garantes últimos del orden establecido.
A nadie se le escapa que desde muy variadas y muy elevadas instancias se ha procurado crear de un tiempo a esta parte, día sí y día también, el clima de enrarecimiento que mejor propiciaría dar el cerrojazo a la COPE mediante la no concesión de la licencia catalana (algo que ya intentó Pujol y que recientemente el Supremo ha venido a frustrar). A nadie se le escapa que para ello se ha personalizado en la figura de FJL toda la aversión política que esta emisora provoca en sectores socialistas y nacionalistas, en la actualidad casi sinónimos. A nadie se le escapa, en fin, que el CAC es una amenaza para la COPE, pero no lo es ni para el Avui ni para columnistas de la calaña del fallecido Haro Tecglen, auténtico analfabeto y taimado maestro del odio. A éste escuché que, gracias a los votos del PSOE y de otros partidos, le van a dedicar una placa en el callejero madrileño junto con Capmany.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de máximo nivel protegido por la Constitución Española; y si bien el derecho al honor también lo es, éste se regula penalmente mediante los tipos de injurias y calumnias. No necesita, en aras del equilibrio jurídico, una sobrerregulación en detrimento de uno de los pilares de la democracia como es la libertad de opinión y de prensa. Es más, los mencionados delitos contra el honor ni siquiera se persiguen de oficio, sino a instancia de parte interesada, salvo que -y esta es una incorporación muy reciente sean funcionarios públicos o autoridades los afectados por él en razón de actuaciones "concernientes al ejercicio de sus cargos" (art. 215 CP). A este respecto huelga decir que si determinado ministro, de uno u otro partido, comete una irregularidad al pedir un crédito y amañar ulteriormente su condonación valiéndose de las influencias, no lo hace en virtud del ejercicio de su función debida, sino aprovechándose de ella y pasando por encima suyo. Aquí no hay honor que valga, excepto el honor -si tal existe- de la cosa pública y el de la igualdad de oportunidades, vilmente pisoteados.
Los medios de comunicación tienen la función social de cuestionar el empleo del poder por parte de las instituciones, de crear opinión y de canalizar la ya existente. Si prescinden de este papel que los define como cuarto poder y pasan a fusionarse "de facto" con el poder público y orgánico, se pervierten, confundiéndose la función del periodista con la del político. En los regímenes no dictatoriales el periodista obedece a un interés privado legítimo y concurre al bien común de la diversidad de opiniones, mientras que el político representa sólo la de su signo, pudiéndosele expulsar si la contraviene anteponiendo su interés o visión particular a la que cabría esperar de su función representativa. El contraste de pareceres, aunque sean notablemente tendenciosos, es más saludable para la democracia que su armonización exógena y programática por medio de instancias superiores. Está claro que la corrección política conviene sólo a quien detenta el gobierno, en especial si no ha accedido a él con actitudes tan ecuánimes.
Por último, la separación de opiniones y hechos es procedente cuando se quiere evitar el falseamiento de éstos por aquéllas, es decir, la pura y simple mentira, el engaño indiscriminado e indubitable. Pero es ridículo que en un ámbito relativista militante como el de los medios de masas (cuyos ideólogos, con tal de justificar la manipulación y el partidismo permanentes, niegan que la objetividad sea posible) haya surgido esta imperiosa preocupación por la verdad de los otros. Al redactor de prestigio o al líder de audiencia no se les paga por ser neutrales a ultranza (y hay muchas formas asépticas de burlar la neutralidad). Si todos los periodistas lo fueran, todos los periódicos serían redundantes y fracasarían en su misión de expresar el pluralismo social. Al político y al funcionario, en cambio, se les puede y se les debe exigir la neutralidad más estricta en materias que afecten al interés general, pues no en vano son garantes últimos del orden establecido.
